La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha cuestionado al gobierno de Estados Unidos por supuestamente negociar acuerdos con narcotraficantes mexicanos, a quienes Washington ha clasificado como terroristas, sin consultar ni coordinar con su administración. Estas declaraciones surgieron tras reportes de que Estados Unidos habría ofrecido asilo a familiares de un grupo delictivo, específicamente vinculados al cártel de Sinaloa, a pesar de que la postura oficial de EE. UU. es no negociar con terroristas. Sheinbaum expresó su preocupación durante una conferencia de prensa el 14 de mayo de 2025, subrayando que estas acciones reflejan una falta de respeto hacia la soberanía mexicana y exigiendo transparencia sobre los motivos de dichas negociaciones.
Además, Sheinbaum ha rechazado consistentemente cualquier insinuación de que su gobierno tenga alianzas con cárteles, calificando tales acusaciones como «calumnias» provenientes de la Casa Blanca. En febrero de 2025, tras la designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por parte de EE. UU., Sheinbaum afirmó que México no tolerará intervenciones en su territorio y propuso reformas constitucionales para reforzar la protección de la soberanía nacional. También señaló que, si EE. UU. clasifica a los cárteles como terroristas, debería investigarse la complicidad de fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses que abastecen a estos grupos, dado que el 74% de las armas en manos de los cárteles provienen de EE. UU.
Por otro lado, las críticas de Sheinbaum también apuntan a la inconsistencia de EE. UU., que, según ella, no combate eficazmente la venta de drogas en sus ciudades ni el lavado de dinero, mientras acusa a México de no hacer lo suficiente contra el tráfico de fentanilo. Estas tensiones reflejan un momento de fricción en las relaciones bilaterales, especialmente tras las políticas de la administración de Donald Trump, que ha incrementado la vigilancia en la frontera y propuesto acciones militares unilaterales, como el envío de tropas o ataques con drones, opciones que Sheinbaum ha rechazado tajantemente por considerarlas violaciones a la soberanía mexicana.
Es importante notar que no hay evidencia concluyente en los reportes disponibles que confirme que el gobierno de EE. UU. haya establecido pactos formales con cárteles. Las acusaciones de Sheinbaum parecen basarse en reportes específicos, como el supuesto asilo a familiares de narcotraficantes, pero estos carecen de detalles verificables en las fuentes consultadas. La narrativa refleja una postura defensiva de Sheinbaum ante lo que percibe como injerencia estadounidense, combinada con una estrategia diplomática para mantener la cooperación sin ceder en temas de soberanía.
En resumen, Sheinbaum acusa a EE. UU. de negociar con narcotraficantes clasificados como terroristas sin consultar a México, critica la falta de acción interna de EE. UU. contra el narcotráfico y defiende la soberanía mexicana frente a posibles intervenciones. Sin embargo, las acusaciones específicas sobre «pactos» no están completamente respaldadas por evidencia pública, lo que sugiere que el debate podría estar impulsado tanto por tensiones políticas como por percepciones de desconfianza mutua entre ambos gobiernos.
